Al igual que congresistas, empresarios y la sociedad civil, los estados apelaron a los "beneficios económicos, humanitarios y de seguridad pública" que dejarían de recibir los estados de no implantarse el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la Acción Diferida (DACA) para jóvenes indocumentados, conocidos como "dreamers" (soñadores) incluidos en la acción ejecutiva.
Por ejemplo, en el estado de Washington, uno de los que apoya la aplicación parcial de las medidas, la regularización de 105,000 indocumentados traería unos beneficios de $57 millones de dólares durante los próximos cinco años, según el documento.
Añade el escrito de los Amigos de la Corte que en California, donde 1.214,000 personas reúnen las condiciones para acceder a los programas incluidos en la acción ejecutiva, los beneficios obtenidos vía impuestos permitirían unos ingresos adicionales en los próximos cinco años de $904 millones de dólares.
Texas es el único Estado, de los 26 demandantes de la acción ejecutiva, que argumentó en la demanda colectiva del 3 de diciembre -interpuesta ante un juez federal de Texas Hanen- que sufriría daños económicos al tener que expedir licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.
"Un solo estado no puede dictar la política migratoria nacional", sostienen en el escrito los estados, que creen que el único "daño irreparable" sería no aplicar las medidas migratorias.
De hecho, afirman que si Texas regulariza a los 594,000 inmigrantes indocumentados que se estima que viven en el estado, el estado obtendría unos beneficios económicos de $338 millones de dólares.
Los estados que han respaldado al Gobierno son Washington, California, Connecticut, Delaware Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island y Vermont, así como el Distrito de Columbia.
Por su parte, los estados que se sumaron a Texas en su demanda contra las medidas de Obama son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
La acción ejecutiva frena las deportaciones de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales prmanentes que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2011 y carecen de antecedentes criminales.
También amplía la cobertura de la Accion Diferida de los dreamers del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, y libera el límite de edad que era de menos de 31 años al 15 de junio de 2012.
Ambos grupos también recibirán una autorización de empleo renovable cada tres años.
(Con información de Efe.)